La Justicia hizo lugar a la acción de amparo iniciada por Bahía Cauquén Asociación Civil y la Municipalidad de Ushuaia deberá abstenerse de sacar o trasladar el pórtico de seguridad y la barrera de entrada al barrio. En el fallo, se destaca el “irrazonable” accionar del Municipio porque mientras el intendente Federico Sciurano firmó un convenio con el barrio para que sea cerrado con acceso peatonal hasta el mar, la Directora del Programa de Fiscalización y Contralor Urbano, Marcela Fontenla, había enviado una intimación para que se quitara o trasladara el pórtico de entrada.
La discusión sobre la ratificación del convenio municipal se encuentra en la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante de Ushuaia.
Antes de hacer lugar al amparo, el Juzgado de Primera Nominación en lo Civil y Comercial Distrito Sur, a cargo de María Adriana Rapossi, había hecho lugar a la medida cautelar solicitada por Bahía Cauquén, “disponiendo la prohibición de innovar la situación de hecho, suspendiendo los efectos de la intimación” municipal para que se retire la casilla de control de ingreso y egreso instalada sin autorización en su entrada.
La notificación había sido cursada por Fontenla para que un plazo perentorio de 10 días quitara o trasladara dicho puesto.
En esa fecha la abogada Fontenla junto al escribano general del Municipio, José Lorenzo, habían intimado por tercera vez a que se traslade la casilla de control que se encuentra implantada sobre la calle De la Ermita, en su intersección con De los Ñires “sin autorización alguna”, bajo apercibimiento de iniciar las acciones administrativas correspondientes.
Sin embargo, ahora la Justicia le recuerda al Municipio que “la construcción es una edificación consolidada de dimensiones consideradas y dicha circunstancia implicaría que su construcción insumió un tiempo considerable y que por tal circunstancia y el tiempo que data, adquirió público conocimiento su existencia no pudiendo suponer que el órgano de control perteneciente al Municipio lo ignorare”.
“De ello se deduciría que el estado municipal al no oponerse oportunamente al avance de la construcción y/o diagramación del barrio consintió la construcción de la garita de control en el lugar que se encuentra implantada, pudiendo de esta manera encuadrar la conducta desplegada dentro de la llamada Teoría de los Actos Propios”, señala.
Y agrega: “entiendo… que el hecho de que el pórtico de entrada se encuentre allí implantado hace años, pone de manifiesto una declaración tácita de voluntad por parte del Municipio…”.
Finalmente, la Justicia puntualiza que “en el presente proceso no se encuentra en discusión el libre acceso, circulación peatonal pública y libre y gratuita garantizando de esta manera el acceso al mar… la existencia de una barrera en el puesto de control no es impedimento para que se encuentre garantizado” el acceso al mar porque “por ambos lados de la construcción puede pasar vehículos… y en dicho puesto hay personal contratado a fin de levantar dicho obstáculo y facilitar el ingreso al lugar”.
Ahora la definición sobre la ratificación del convenio entre la Municipalidad y el barrio para declararlo cerrado con acceso peatonal al mar, vuelve a instalarse en el Concejo Deliberante de Ushuaia, que demoró una respuesta a la espera del fallo judicial.
FUENTE: SUR54.COM
